Muy mal. No sirven al consumidor, sino al vendedor que no cumple la ley. Dinero público inútil. Concretamente, hice un desistimiento y se tenía que aplicar el artículo 107 de la Ley de Defensa de los Consumidores, por el cual, si haces un desistimiento, te deben devolver tanto el coste del producto como los gastos de envío. Y la OMIC actuó como un árbitro comprado: dando la razón al vendedor infractor. Todo con tal de no hacer su trabajo.